Tierra Sublevada

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Hoy como ayer, uno de los bienes más genuinos del que disponen los pueblos para su desarrollo son los recursos naturales de sus territorios, que forman parte del capital de toda la sociedad. Desde la conquista española, esas riquezas fueron sustraídas por sus ocupantes y, salvo raras excepciones, siguen en manos extranjeras. El llamado “boom minero argentino” que atrae a las multinacionales del sector, anunciando grandes beneficios para el país, es una operación que desinforma y encubre el silencioso saqueo de recursos metalíferos y energéticos no renovables, permitiendo sistemas extractivos depredadores y contaminantes, que están siendo denunciados y prohibidos en todo el mundo. La nueva fiebre minera se inició durante la década de Carlos Menem y se ha mantenido y profundizado con los sucesivos gobiernos, creándose incluso una suerte de tercer territorio soberano en la cordillera de los Andes mediante el odioso Tratado de Integración y Complementación Minera Argentino-Chileno de 1997.
Pueden sorprender estas afirmaciones, pero el tema de la explotación minera y la legislación que la ampara no han estado presentes en el debate político y menos aún en los medios de comunicación hegemónicos. Es raro encontrar a un ciudadano -periodista, profesor, magistrado o dirigente- que sepa que Argentina es el sexto potencial minero del planeta, o que guarda en sus sierras, mesetas y cordilleras, depósitos detectados de oro, cobre, plata, plomo, molibdeno, zinc, estaño, litio, potasio, níquel, cobalto, uranio y otros minerales, que se estiman en la suma aproximada de 170.000 millones de dólares. La Secretaría de Minería de la Nación (SMN) sostiene: “La oportunidad que presenta el potencial geológico de la Argentina radica en que el 75% de las áreas atractivas para la minería permanecen sin explotar. La totalidad de los prospectos, yacimientos y depósitos fueron ubicados y puestos a disposición de la actividad privada a comienzos de la década del 90, como resultado de varios años de trabajo prospectivo del Estado.”1
Lo escandaloso del caso argentino es que la legislación nacional vigente, evidencia una clara servidumbre colonial. Establece que la propiedad de las reservas mineras es de los estados provinciales pero les prohíbe explotarlas: están obligados a cederlas a las empresas privadas, transfiriéndoles las investigaciones geológicas y los descubrimientos realizados por la nación. Si a esto se suma la falta de control público sobre los minerales que exportan, las excepcionales desgraviones impositivas, las bajísimas regalías o los subsidios otorgados, no sería exagerado afirmar que el despojo colonial del cerro Potosí difiere poco en su esencia del que hoy practica la mentada megaminería en nuestro país. Contrariamente a lo que se hace creer, el oro, la plata, el cobre y sesenta metales más, se van al extranjero sin pagar nada; pero nos dejan mucha pobreza, corrupción, una grave contaminación ambiental y comunidades divididas por la asociación o resistencia a la corporación minera. Sin embargo, semejantes atropellos atraviesan el Congreso Nacional, la Justicia y los organismos del Estado, sin provocar una fuerte reacción en los medios hegemónicos de comunicación y en las fuerzas políticas.

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Córdoba, afortunadamente, es una de las pocas provincias que se han opuesto a este ultraje, no obstante, ese triunfo está en peligro. En la primavera del año 2008 la legislatura aprobó sin votos en contra la ley 9526, mediante la cual se prohíbe en todo el territorio de la provincia la actividad minera metalífera en la modalidad a cielo abierto y en todas sus etapas. Este tipo de minería es a la cual nos referíamos antes, siendo un tipo de minería que involucra la extracción de metales con procesos que implican tratamientos tóxicos, utilizando enormes volúmenes de agua y sustancias nocivas, como el cianuro y el ácido sulfúrico, entre otros. Sin embargo, existen métodos mineros tradicionales que implican un impacto ambiental considerablemente menor. Se trata de la minería no metalífera, cuyos fines se asocian a la obtención de rocas para la elaboración de productos secundarios, como la cal y el cemento, destinados a la industria de la construcción. Este tipo de minería no era afectado por la nueva ley. No obstante, los poderosos intereses de la Barrick Gold comenzaron a operar frente al histórico triunfo de las asambleas ambientalistas, los grupos vecinales y los partidos y movimientos políticos, intentando manchar la sanción de la ley con supuestas vinculaciones entre la prohibición de la megaminería contaminante y las mafiosas empresas desarrollistas inmobiliarias de Córdoba, argumentando que algunos complejos turísticos se verían afectados por la lluvia ácida generada en los yacimientos. En este sentido, el secretario de minería de la Provincia, Aldo Bolanumi, justificó la sanción de la ley explicando que la intención fue consolidar una política asentada en la minería no metalífera, actividad que se viene realizando desde hace mas de 500 años en las sierras de los Comechingones.
Lamentablemente, en el ultimo tiempo ha aparecido un nuevo punto de discordia en el centro de la escena. La cámara de empresarios mineros en Córdoba (CEMINCOR) y la asociación de profesionales de la comisión nacional de energía atómica (APCNEA), enviaron al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), una petición de inconstitucionalidad de la ley 9526, basada en la imposibilidad de legislar por encima del Código de Minería y en el riesgo que la ley implica para las fuentes de trabajo que se generan en este rubro. Esta petición fue admitida por el TSJ. Ahora bien, en este punto aparece un dato clave: la participación de la Nación en el pedido, mediante APCNEA, deja entrever su intención de reanudar las actividades de este sector en la provincia mediterránea. El desarrollo del actual Plan Nuclear Argentino estaría directamente relacionado con los intereses del gobierno nacional en la actividad mega minera metalífera con uranio en Córdoba. Al respecto, Paco Bauen, miembro de la organización Córdoba Ciudad Despierta, sostiene que la intención de la APCNEA de declarar inconstitucional la ley 9526 responde a que el plan nuclear tiene como objetivo abrir una nueva central que necesitará del abastecimiento de uranio extraído de una mina instalada en las sierras de Córdoba. Desde el Instituto de Estudios de la Revista Pueblo Nuevo agregamos que la central nuclear Atucha I y Embalse de Río III utilizan en conjunto 123 toneladas de uranio anuales, mientras que únicamente la centra Atucha II necesitaría 108 toneladas. Entonces, sumadas las 3, daría un resultado de 220 toneladas de uranio, cantidad que sólo Córdoba podría dar al Gobierno. Además, es importante destacar que el remanente de uranio podría ser utilizado con fines comerciales por Barrick Gold.
La problemática en torno a la ley de ordenamiento territorial de bosques nativos de la provincia (ley 9814), volvió a llenar de dudas y cuestiones inconclusas al tema de la minería. En su artículo 37, esta ley establece que dado su carácter transitorio, está permitida la actividad minera en todas las categorías de conservación, previo estudio de impacto ambiental debidamente aprobado por la autoridad de aplicación, de conformidad a la normativa ambiental y minera de la provincia de Córdoba. Así, en principio, no se especifica a qué tipo de actividad minera se alude. Esto toma relevancia debido a que, en caso de darse un fallo positivo en la inconstitucionalidad de la ley 9526, la prohibición de la actividad minera metalífera quedaría sin efecto y el desmonte de los bosques podría hacerse tanto para la minería metalífera como para la no metalífera. Además, se coloca a la minería por sobre la consideración de la protección al bosque nativo debido a que se refiere a toda las categorías de conservación, fomentando la ambigüedad y la sospecha. La ley de bosques es una forma de abrir una ventana donde, por ahora, no se pudo abrir una puerta. Por último, es importante destacar que la discusión respecto a la energía nuclear merece párrafos aparte, porque es necesario abrir un debate en torno a ese tema. Pero una verdad con fuerza de axioma, es la que surge de las protestas del pueblo, protestas que ponen en evidencia las desastrosas consecuencias que tendrá para la provincia de Córdoba, la explotación mega minera a cielo abierto. Las únicas palabras que restan por decir, deben relacionarse con el triunfo de las organizaciones que a mediados del año pasado, generando un punto de unión entre el poder popular de las asambleas ciudadanas y el poder institucional de los diputados del interbloque Proyecto Sur, lograron promulgar la tan ansiada ley nacional de protección de glaciares, con la cual asestaron un duro golpe a las corporaciones como Barrick Gold y a sus socios políticos como Gioja.


Redacción Curupay